Leemos en Noticias Jurídicas que un grupo de juristas entre los que se cuentan catedráticos universitarios ha pedido al Defensor del Pueblo que presente este recurso desde una “grave preocupación por el estado de deterioro que sufre el sistema de libertades que los españoles se han dado, centra su análisis en las también graves deficiencias jurídicas que presenta el sistema normativo puesto en marcha por el Gobierno a partir de la declaración del estado de alarma”. Entre otras “deficiencias jurídicas”, del sistema normativo del estado de alarma, citan la efectiva suspensión de la libertad de circulación, la suspensión de los derechos de reunión y manifestación, la suspensión y paralización del normal funcionamiento del Congreso de los Diputados y del sistema de control político sobre el ejecutivo o la suspensión del derecho de libertad religiosa.